La desaparición de personas ha sido una constante en la historia mexicana. El fenómeno se convirtió en política criminal del Estado durante la Guerra Sucia y jamás se erradicó del todo. A partir de la “guerra contra las drogas” decretada por Felipe Calderón, las cifras alcanzaron umbrales alarmantes. Al día de hoy más de 110 mil personas continúan desaparecidas. Estas son cifras oficiales, según expertos y colectivos de víctimas, el número real debe ser al menos del doble.

Los perpetradores son muy diversos: grupos del crimen organizado, agentes del Estado entre los que destacan militares, marinos y policías de los tres niveles de gobierno, así como criminales y agentes del Estado operando en conjunto.

Estos crímenes se perpetran con total impunidad, tan solo se cuenta con cerca de 50 sentencias por desaparición. En todos estos casos los sentenciados son autores materiales, los máximos responsables, dentro o fuera del Estado, nunca son investigados.

El Estado mexicano ha sido incapaz de frenar este y otros crímenes asociados. Tampoco ha podido realizar procesos sólidos de búsqueda, ni garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. No se trata de falta de capacidad sino de falta de voluntad política. A diferencia de otras experiencias similares en la región, en México las desapariciones no han generado movilizaciones multitudinarias